5. Conclusiones y recomendaciones

Enviado por admin el Mié, 12/01/2010 - 17:14.

Conclusiones

De los casos recopilados, éstos son los siguientes aspectos numéricos más relevantes:

  1. El artículo más vulnerado es el artículo 24 (Educación), que representa el 60 por ciento de los casos, seguido por el artículo 7 (Niños y niñas) (10) , con el 47,8 por ciento, y muy de lejos por el artículo 9 (Accesibilidad), que representa el 15,6 por ciento. Es preciso señalar que esas cifras no comportan una valoración cualitativa.
  2. La Comunidad Autónoma en la que se han producido más denuncias ha sido Andalucía (20 por ciento), seguida de Galicia (19 por ciento). Conviene resaltar que, de momento este dato no indica más o menos violaciones, sino mayor o menor constatación de denuncias.
  3. Los padres y madres de las personas discriminadas por su diversidad funcional denuncian con mucha más frecuencia que las propias personas con diversidad.
  4. Muy pocos casos se denuncian ante los tribunales (el 16,7 por ciento), mientras que la mayoría se denuncian en prensa.

Además de los datos de violaciones, existen otras informaciones en este documento y teniendo en cuenta todo ello podemos extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones:

  1. Estamos empezando a defender la Convención.
    La defensa de los derechos humanos de las personas discriminadas por su diversidad funcional tiene escaso recorrido todavía, ya que existen muy pocas asociaciones o entidades dedicadas a exigir su respeto integral ante los tribunales de Justicia. Ente ellas el CERMI Estatal y SOLCOM son las dos únicas que hacen un informe anual de vulneraciones, que sirva de referencia para conocer la realidad de esta Convención en España.
    A la vista del escaso conocimiento y desarrollo de la Convención y del limitado número de denuncias, es previsible que en un futuro aumenten considerablemente los litigios.
    Este es el primer informe sobre casos concretos de vulneración de la Convención, por lo que sus datos deben ser observados con cautela, sin perder de vista las realidades discriminatorias que apuntan y sobre las que habrá que actuar.
  2. En España se excluye y discrimina desde temprana edad
    La Educación junto con junto con el amparo a las niñas y los niños, es el ámbito en el que mayor número de denuncias se han presentado y, probablemente en el que mayor número de violaciones haya. Este dato es preocupante y sintomático y contribuye a pintar un oscuro panorama para el futuro del respeto a los Derechos Humanos en España. Difícilmente se dejará de excluir y discriminar en un futuro a quien sufre la segregación desde pequeño; y difícilmente se cambiará la mentalidad social si se segrega evitando la convivencia desde la infancia. La exclusión en la escuela implica educar a las generaciones futuras en un modelo que perpetua la discriminación y que contraviene los Derechos Humanos.
  3. Gobiernos y administraciones de todo el Estado siguen y desean seguir violando los derechos humanos de las personas con diversidad funcional.

    Este escenario se agrava ante la dejadez de funciones del Ministerio de Educación que está permitiendo a las CC.AA. que promulguen leyes de educación que vulneran la igualdad establecida en la Convención y de la que es responsable. Es SOLCOM quien está acudiendo a los tribunales para suplir dicha dejadez.

    De la publicación de nuevas leyes incompatibles con la Convención podemos deducir que ni el Estado ni las CC.AA. demuestran ningún interés en conocer, cumplir o difundir esta Convención.

    Si además se continúa construyendo e inaugurando residencias, incumpliendo las leyes de accesibilidad, negando prestaciones de asistencia personal, etc. se consigue seguir excluyendo a edades más adultas, vulnerando los artículos 9 (11), 12 (12) y 19 (13) y difícilmente se potenciará la plena igualdad, la ausencia de discriminación y la Vida Independiente.

  4. Los organismos de la administración y la sociedad civil apenas se mueven en defensa de la de las personas con diversidad funcional.

    Ante la actitud de los gobiernos y administraciones públicas, deberá ser la sociedad civil, en la línea de lo que hace SOLCOM, quien persiga su cumplimiento, ampliando el apoyo a las personas y entidades que deseen denunciar violaciones.

Recomendaciones

  1. Es preciso educar en diversidad e inclusión en la comunidad si queremos vivir en comunidad

    Hay que acabar con la educación excluyente y la aprobación de nuevas leyes que la avalen. El estado debería ejercer su potestad constitucional de garantía de igualdad. Por su parte, la sociedad civil no puede cejar en su lucha, si se desea conseguir un futuro respetuoso con los Derechos Humanos. En esta lucha, las plazas residenciales deberían ser una opción secundaria, ante las prevalentes medidas que garanticen la vida independiente, como la Asistencia Personal, más compatibles con los Derechos Humanos.

  2. Es imprescindible difundir la Convención, y la cultura y herramientas de denuncia de violaciones
    Las administraciones han hecho caso omiso de su obligación de difundir la Convención, que viene estipulada en su artículo 8.

    A partir de ahora, cualquier financiación pública dedicada a este sector debería ir ligada a la difusión de esta nueva visión en toda la sociedad.
    De igual manera, los organismos relacionados con los derechos y la diversidad funcional deberían adoptar una actitud beligerante de defensa de la Convención, dotando de herramientas de denuncia a la ciudadanía.
  3. Los organismos dependientes de la administración deben reformarse para adecuarse a lo establecido en la Convención
    Aunque resulte complicado que las administraciones financien organismos que vigilen a las propias administraciones de manera que respeten los Derechos Humanos, este tipo de organismos existen ya en otros países y emiten informes duros que sirven para mejorar de verdad.
    Como primer paso, sería deseable que, al menos, estas entidades dejen de transmitir mensajes trasnochados que van en contra de lo establecido por la Convención.
  4. La sociedad civil debe asumir su papel y presionar y denunciar a las administraciones para que cumplan la Convención
    Existen 5.000 ONGs y multitud de fundaciones, observatorios, etc. Si todas ellas se dedicasen inequívocamente a la defensa de la Convención, se conseguiría dar un giro radical al rumbo actual, que nos lleva a un futuro en desigualdad de oportunidades y sin respeto a los Derechos Humanos establecidos en la Convención.

    Para ello, se puede empezar con difundir y explicar la Convención a sus socios de base, de manera que se propague la idea de que la diversidad funcional es una cuestión de Derechos Humanos.

(10) Nótese que muchos caso vulneran más de un artículo. Así, la mayor parte de los casos de educación (24) afectan a niños y niñas (7)
(11) Accesibilidad
(12) Igual reconocimiento como persona ante la ley
(13) Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

SOLCOM. Para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social